Tras un breve análisis de Antonio Camacho en el que incidió sobre la importancia de la figura del compliance officer y resaltó aspectos destacados como la necesidad de que esta figura goce de autonomía e independencia, cedió el turno de palabra a Javier Hernández, quien repasó las principales novedades de la reforma en lo que a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere. A este respecto, el presidente de la Audiencia Provincial afirmó que nos encontramos ante un modelo de Código Penal en construcción al que le queda todavía camino por recorrer hasta lograr su definitiva consolidación.
Javier Hernández indicó que el modelo de Código Penal tiene por objeto evitar que la empresa se convierta en un medio criminógeno. En este contexto, comenzó detallando los presupuestos de imputación establecidos por el legislador para las personas jurídicas, finalizando con un examen de los presupuestos de exención y atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por su parte, Carmen Sánchez-Cortés repasó los aspectos más destacados de la reforma como son la primacía de la libertad y seguridad jurídica, el cuidado de los colectivos más vulnerables o la internacionalización y digitalización de la justicia. Tras esta breve y concisa introducción, la Secretaria de Estado evaluó los cambios más significativos de la reforma del Código Penal en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concluyendo que el objetivo principal de la reforma ha sido conseguir que las empresas se autorregulen, es decir, que se conviertan en garantes de la legalidad estableciendo mecanismos de control y prevención de delitos.
Al término de las presentaciones, Antonio Camacho moderó un debate entre los ponentes y numerosos asistentes, en el que se respondieron diversas dudas acerca de la implantación efectiva de los sistemas de prevención de delitos en las empresas.