El pasado 2 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (“Real Decreto-Ley 7/2019”) por el que, según se establece en su exposición de motivos, se adapta el marco normativo para “aumentar la oferta de vivienda en alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario y el inquilino en la relación arrendaticia”, a fin de “garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda”.
Para conseguir tal fin, el Gobierno, invocando la extraordinaria necesidad y urgencia de las medidas adoptadas, introduce importantes reformas en la regulación aplicable en materia de vivienda; especialmente, en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (“LAU”) y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”), sin perjuicio de adaptar, igualmente, otra normativa como la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, a efectos de limitar las viviendas de uso turístico, o implantar novedades significativas como la creación del “sistema de índices de referencia del precio del alquiler de la vivienda”.
Por lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el procedimiento de desahucio, es el Título III del Real Decreto-Ley 7/2019 el que, mediante un único artículo (artículo tercero), adapta el régimen vigente hasta la fecha. Dicho régimen ya había sido previamente modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, norma que el Real Decreto-Ley 7/2019 pretende neutralizar, al entender que no dio los resultados esperados en relación con el incremento de la oferta de la vivienda, la moderación de los precios, y la protección de los arrendatarios de viviendas habituales.