Para ello, se dotó a las comunidades autónomas de competencia en determinadas materias, si bien el estado se reservó la competencia para garantizar la homogeneidad de dichas materias en todo el territorio.
Sin embargo, la aplicación práctica de esta teoría plantea problemas a los ciudadanos que, además, en ocasiones se manifiestan en momentos particularmente delicados, como es la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con la publicación del Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, recientemente aprobado por la Generalitat de Cataluña.
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