En ella, se declaran inconstitucionales y nulos varios artículos del Decreto-ley 17/2019, que modificaba parte de la normativa catalana en materia de vivienda, alquiler social obligatorio y realojamiento. En su sentencia, el Tribunal Constitucional considera que el Decreto-ley 17/2019 regula materias que deberían quedar excluidas de dicha figura normativa por afectar al derecho de propiedad.
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