El último organismo víctima de un secuestro informático ha sido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desconociéndose todavía el alcance y las consecuencias de del mismo.
Más allá de las responsabilidades que pueda afrontar el atacante, la normativa de protección de datos impone una serie de obligaciones al responsable y al encargado del tratamiento y en la medida en la que estos hayan cumplido con las mismas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) graduará las eventuales sanciones que pueda imponerles.
Sin embargo, la potencial sanción administrativa, que hasta ahora ha sido la principal inquietud de las entidades, no es la única fuente de preocupación que estas deberían tener.
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