La Unión Europea, como parte de su compromiso en la lucha contra el cambio climático, viene centrando sus esfuerzos en el desarrollo de legislación que asegure la consecución de los objetivos de neutralidad climática para 2050. Entre esta normativa destaca la entrada en vigor del Reglamento de Taxonomía, con una orientación principalmente financiera y que desarrolla el concepto sostenibilidad medioambiental que deben emplear las empresas no financieras a la hora de informar sobre sus actividades económicas.
En este contexto, Pérez-Llorca e IE Law School han querido reunir en una nueva sesión de su Cátedra a expertos en materia legal y económica para debatir sobre las novedades legislativas y los principales retos que se plantean tanto a nivel europeo como para España. Para ello, el evento contó con la participación de Eduardo Arbizu, Of Counsel de Corporate de Pérez-Llorca; José María de Paz, socio de Corporate de Pérez-Llorca; Ana Puente, Subdirectora General de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros de la Dirección General del Tesoro, Ministerio de Asuntos Económicos; y Juan Carlos Martínez Lázaro, Profesor de Economía de IE Law School.
Eduardo Arbizu, quien ejerció de moderador, abrió la jornada contextualizando la situación actual en la que el sector financiero está jugando un papel fundamental para reducir los riesgos de la transición hacia una economía más sostenible. En esta línea, el Of Counsel de Pérez-Llorca señaló que “existe una ingente producción normativa por venir y en debate, como reglamentos o normas técnicas a los que hay que seguir prestando atención, así como legislación que deberá aplicarse al ordenamiento español, y esto es algo con lo que los juristas deberemos trabajar de inmediato, ya que es un tema muy complejo”.
En esta línea, Ana Puente expuso la postura de la Dirección General del Tesoro y cuál es su experiencia en la elaboración del marco normativo de finanzas sostenibles. Más concretamente, la ponente ahondó en la configuración que se ha llevado a cabo de una taxonomía europea que permite identificar las actividades económicas, y, por tanto, las empresas consideradas sostenibles. Precisamente, sobre el Reglamento de Taxonomía, Puente explicó cómo, tras diversos debates sobre su enfoque y funcionamiento, “se ha optado por crear una taxonomía que sea dinámica y que se vaya completando con el tiempo”. A raíz de este dinamismo, y con el fin de seguir avanzando, indicó que se han publicado ya las propuestas de criterios técnicos que permitan identificar actividades económicas sostenibles respecto a los cuatro objetivos medioambientales que no son adaptación y mitigación del cambio climático. “También se trabajará, en el medio plazo, en las denominadas actividades de transición y en la taxonomía social”, confirmó.
José María de Paz aportó la perspectiva de cómo se está manejando esta legislación desde las empresas no financieras. Concretamente, hizo hincapié en la importancia de la taxonomía europea a la hora de fijar la estrategia de sostenibilidad de las empresas, destacando que “este reglamento será clave puesto que está codificando el lenguaje de la sostenibilidad medioambiental y eso servirá como referencia para la Unión Europea en todos los ámbitos de la sostenibilidad”. El socio de Pérez-Llorca habló sobre el punto en el que nos encontramos actualmente a nivel normativo en materia de finanzas sostenibles y cómo “la construcción de este sistema de reglas comienza ya a aplicarse a determinadas empresas obligadas a publicar el estado de información no financiera, las cuales este mismo año deberán dar el porcentaje de elegibilidad de sus actividades económicas bajo el Reglamento de Taxonomía”. Desde su punto de vista, esta clasificación representa un cambio cultural importante para las empresas, pudiendo llegar a plantear una reforma de la gobernanza de las mismas basándose en el concepto de sostenibilidad.
Por último, Juan Carlos Martínez Lázaro explicó cómo se encuadra en el sistema actual y cuánto puede llegar a costar el cambio hacia las finanzas sostenibles con la aplicación del Reglamento, señalando que “la taxonomía está diseñada para ayudar a financiar el Pacto Verde de la Unión Europea con el que se quiere lograr la neutralidad climática en el año 2050”. En relación con el coste que puede suponer este proceso, Martínez Lázaro puntualizó que, “si bien no podemos saber exactamente cuánto va a ser, lo que está claro es que las administraciones no pueden abordarlo en exclusiva, por lo que la financiación privada será fundamental y esto es algo que hace muy importante la taxonomía sostenible”.
Tras esta presentación, se abrió un turno de preguntas en el que los ponentes pudieron responder a cuestiones sobre cómo afecta este proceso de cambio hacia lo sostenible a sectores concretos como el bancario o el de la construcción, así como a hacer sus valoraciones sobre la evolución de la estrategia y la normativa en materia de finanzas sostenibles.