La llamada moratoria concursal fue una de las medidas que, al igual que en distintos países de nuestro entorno europeo, nuestro legislador aprobó para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. El propósito de esta era evitar el concurso de acreedores de empresas que podrían resultar viables en condiciones normales de mercado. En su virtud, quedaba en suspenso la obligación de solicitar la insolvencia y se protegía al deudor frente a posibles peticiones de concurso necesario por parte de los acreedores.
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