La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece nuevas obligaciones regulatorias y de compliance para las empresas. En la implementación del canal de denuncias regulado en esta ley, la empresa se enfrenta a múltiples incertidumbres y problemas prácticos, algunos con enorme trascendencia para su posible responsabilidad administrativa o, incluso, penal.
Esta sesión pretende abrir un diálogo entre la Fiscalía y la empresa para buscar soluciones a esos problemas y apuntar criterios comunes de interpretación de los aspectos más difusos de la ley.
Moderadora:
Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
Ponentes:
Alejandro Cabaleiro Armesto, Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Pilar López-Aranguren, Profesora asociada IE Law School y Consejera Instituto de Consejeros y Administradores.
Posteriormente se servirá un vino español.
Aforo limitado, regístrate aquí.