La creciente digitalización de todos los ámbitos de nuestra vida, el auge del comercio electrónico y la gran cartera de servicios ofrecidos por los gobiernos a los ciudadanos a través de medios virtuales, ponen de manifiesto la importancia de contar con un sistema de identificación que facilite las transacciones comerciales y personales de forma segura, confiable y eficiente. Esta (r)evolución tecnológica se traduce en todo reto para el legislador en términos de seguridad de los datos y privacidad, ya que exige la existencia de un marco legal robusto y adaptable que de respuesta a una realidad que cambia de forma muy rápida.
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