La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de septiembre de 2014, declara que la actual configuración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) discrimina a los no residentes y, por tanto, se opone al Derecho de la Unión Europea, lo cual comporta un problema para el Estado español, que debe afrontar -estando reciente todavía el pronunciamiento del céntimo sanitario- sus consecuencias.