Uno de los grandes éxitos de la Unión Europea es ofrecer soluciones a los ciudadanos en problemas aparentemente locales, bien porque la regulación es insatisfactoria o bien porque, habiéndose planteado ante los tribunales nacionales, no se logra la debida respuesta. Es lo que va a suceder con el conflicto entre el taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC), aparentemente “cerrado” mediante sentencia del Tribunal Supremo de 2018, y que se ha reabierto a partir de la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la UE por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la regulación de las licencias VTC del Área Metropolitana de Barcelona.
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