El pasado 11 de mayo de 2017, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional aplicó, por primera vez desde la reforma del Código Penal (CP), operada por la Ley Orgánica 1/2015, la eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica, consistente en tener implantados unos modelos de gestión y organización eficaces para prevenir e impedir la comisión de delitos.