La progresiva aparición en los últimos años de plataformas que ofrecen servicios de la sociedad de la información, consistentes en la puesta en contacto de un cliente con el bien o servicio buscado a través de aplicaciones digitales, ha generado una cierta polémica social y jurídica, debido a su intervención, en mayor o menor medida, en la relación del cliente con el bien o servicio final.
Uno de los ámbitos controvertidos es el relativo a los servicios de transporte, en el que han proliferado las plataformas que ponen en contacto a pasajeros con conductores de taxi o VTC. En este contexto, el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 16 de marzo los presupuestos de la Generalitat para 2023 y su ley de acompañamiento. Esta ley modifica la Ley catalana del Taxi, incluyendo determinadas obligaciones para las empresas que intervengan en la contratación y comercialización de los servicios de taxi, entre las que se encuentra, esencialmente, la prohibición de modificar el precio del servicio prestado por un taxi mediante bonificaciones, descuentos, suplementos o cualquier otra forma análoga.
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