El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea hizo pública su primera propuesta de simplificación normativa, en el marco del ya notorio Omnibus Simplification Package, cuyo objetivo último es eliminar obstáculos regulatorios para potenciar la competitividad de las empresas europeas. La confluencia de una serie de circunstancias (entre las que tal vez la más relevante haya sido la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos) ha hecho que el proyecto siempre laudable de eliminar requerimientos burocráticos superfluos haya adoptado una urgencia y contundencia significativas.
Esta urgencia y contundencia se traducen en el proyecto de paralizar inmediatamente el despliegue de la directiva CSRD, de información de sostenibilidad, reducir muy sustancialmente el número de empresas afectadas por las obligaciones de transparencia de sostenibilidad (alrededor del 80% de las inicialmente cubiertas en los cálculos de la propia Comisión), limitar el alcance de la directiva CSDDD, de diligencia debida y, en términos generales, simplificar y, por tanto, abaratar los costes de estructura del reporting y gestión de los impactos, riesgos y oportunidades de la sostenibilidad.
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