Uno de los motivos más frecuentes esgrimidos de la falta de flujos de financiación hacia actividades menos contaminantes, o el fomento de la financiación de inversiones necesarias para respaldar un crecimiento sostenible, ha sido la ausencia de definiciones comúnmente aceptadas sobre qué proyectos y activos pueden ser considerados sostenibles. De ahí la necesidad de elaborar una taxonomía sostenible, consensuada y transparente que, entre otros, permita a los inversores alinear sus carteras con los objetivos de sostenibilidad y etiquetar de manera más eficiente productos de inversión sostenibles, reduciendo así el riesgo de greenwashing (o blanqueo ecológico).
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