El arbitraje de inversión es un mecanismo útil y eficaz para resolver controversias entre inversores y estados, ante actuaciones estatales que vulneren los compromisos adquiridos en tratados internacionales para la promoción y protección recíproca de inversiones. Ejemplos conocidos de ello son los arbitrajes entre Repsol y Argentina por la expropiación de YPF en 2012, entre Unión Fenosa Gas y Egipto por la planta de Damietta, y entre los accionistas de la petrolera Yukos y Rusia, que dio lugar en 2014 a la mayor indemnización concedida por un tribunal hasta la fecha.
Estos tratados internacionales, que empezaron a suscribirse en los años 60, persiguen fomentar y proteger las inversiones extranjeras entre los países firmantes, mediante la asunción por parte de los estados de determinados compromisos como pueden ser: no adoptar medidas expropiatorias sin pagar una compensación justa, o respetar las expectativas legítimas de los inversores.
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