El pasado 28 de mayo, el Ministerio de Economía y Empresa publicó el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, para adaptarlas a la Directiva (UE) 2017/828 de 17 de mayo del 2017 (el «Anteproyecto»), que tiene como objetivo principal la implicación más a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas en las que invierten. La norma europea trata de reforzar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas a raíz de la crisis de 2007/2008. En España, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2014 anticipó buena parte de las medidas que ahora se encuentran en el Derecho europeo.
Antecedentes
Tras prácticamente cinco años de negociaciones entre las instituciones europeas, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron, en fecha 17 de mayo de 2017, la Directiva (UE) 2017/828 (la «Directiva») por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. La transposición de la Directiva se llevará a cabo en España, fundamentalmente, mediante la modificación de la Ley de Sociedades de Capital («LSC») y de la Ley del Mercado de Valores («LMV»). Estas modificaciones afectan a materias sumamente relevantes como operaciones con partes vinculadas, remuneración de administradores, identificación de accionistas, «proxy advisors«. Se introducen, además, novedades relacionadas con la composición de los consejos de administración o las denominadas acciones de lealtad.
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