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Remodelación del frente marítimo portuario de Santander
08/03/2019
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Publicado en elEconomista.es
El Proyecto de Remodelación del Frente Marítimo Portuario de Santander se inició en el año 2009 con el reto de planificar alrededor de 60 hectáreas de terreno que se extendían a lo largo de algo más de 5 kilómetros de fachada marítima, para lo que fue preciso lograr acuerdos con los siguientes actores: la Autoridad Portuaria de Santander –como organismo director del Puerto de Santander-, el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno Regional de Cantabria, la Dirección General de Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento.
En los 25 años que precedieron a la llegada de la década de los 2000, se intentó en varias ocasiones lograr un necesario consenso, dadas las diversas Administraciones con competencias en el área, para llevar adelante diferentes ideas que lograsen modernizar el Frente Marítimo Portuario y mejorar la integración urbana del Puerto de Santander en la ciudad. Sin embargo, resultó imposible por discrepancias insalvables entre las distintas sensibilidades políticas existentes en cada una de dichas Administraciones.
La Autoridad Portuaria de Santander decidió entonces analizar en profundidad la posibilidad de plantear un proyecto incardinable dentro de los denominados Proyectos Puerto-Ciudad, para plasmar propuestas que ayudasen a mejorar la integración urbana del Puerto de Santander en la ciudad, consolidando así una estrategia de aumento de la competitividad de esta gran infraestructura de transporte internacional de mercancías y pasajeros. Además, se generaba una mejora comparativa respecto de otros grandes puertos de la Cornisa Cantábrica.
Se planteó entonces la posibilidad de utilizar un Plan Maestro -o Master Plan- figura sin fuerza normativa, pero de demostrada eficacia -en proyectos similares ejecutados a nivel internacional- a la hora de plasmar hipótesis de desarrollo técnico con aportación de propuestas de encaje jurídico en la normativa urbanística y portuaria vigente. Todo ello teniendo en cuenta la necesidad de respetar las competencias de todas las Administraciones intervinientes, a los efectos de conseguir la viabilidad de dichas propuestas.