Hace ya años, la desilusión de los ciudadanos ante la deficiente respuesta de los poderes públicos en temas que les afectaban cruelmente -vivienda, empleo, sanidad…-, llevó a un fenómeno de traspaso de responsabilidades del poder ejecutivo al judicial. La judicialización de la Gran Crisis Financiera y la litigiosidad contra la banca son fenómenos bien conocidos, y que han generado la creación de una industria legal en torno a ello (con despachos especializados en este tipo de demandas y campañas bien definidas de publicidad de sus servicios), y finalmente, el que los poderes públicos retomaran -tardíamente- las riendas en todo ello, estableciendo sistemas de resolución de disputas y modificando incluso las normas procesales (piénsese sin ir más lejos en el actual Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal).
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