La Comisión Europea adoptó el pasado 24 de mayo, un paquete normativo sobre inversión minorista (la “Estrategia de Inversión Minorista” o la “Propuesta”) dentro del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales de 2020 de la Comisión Europea.

La Propuesta incluye una Directiva modificativa, que revisa las normas vigentes establecidas en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), la Directiva sobre la distribución de seguros (DDS), la Directiva sobre los organismos dedicados a la inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS), la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (AIFMD) y la Directiva sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), así como un Reglamento modificativo, que revisa el Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (PRIPPS).

Entre los objetivos que persigue, merece la pena destacar que la propia nota de prensa publicada por la Comisión Europea señala que la Propuesta aborda “los posibles conflictos de intereses en la distribución de productos de inversión, prohibiendo los incentivos para todas las ventas exclusivamente de ejecución (esto es, las ventas en las que no se proporciona asesoramiento) y velando por que el asesoramiento financiero se ajuste a los mejores intereses de los inversores minoristas. También se introducirán transparencia y salvaguardias más estrictas en los casos en que los incentivos sigan estando autorizados”. En esta línea, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, en el discurso posterior a la publicación de la Estrategia de Inversión Minorista indicó que se propone “prohibir los incentivos o comisiones en las ventas de productos de inversión sin asesoramiento, o lo que se conoce como ventas de “sólo ejecución”, en las que no se presta asesoramiento financiero”.

Queda así resuelta, al menos hasta que se apruebe la redacción definitiva de la normativa presentada por la Comisión, la cuestión relativa a si se seguirá permitiendo el cobro de incentivos (retrocesiones) en los servicios de asesoramiento, ya que, según la posición de la Comisión Europea, éstas se prohibirán sólo en los servicios de pura comercialización. En todo caso, la propuesta establece algunos requisitos adicionales de transparencia, entre los que podemos destacar:

• Para las ventas en las que se presta asesoramiento, se propone sustituir los criterios actuales por una nueva prueba que especifique el deber de los asesores de actuar en el mejor interés del cliente.
• En los casos en que se permitan los incentivos, se propone exigir a los distribuidores que informen a los clientes sobre qué son los incentivos, sus costes y su impacto en el rendimiento de la inversión.

El pasado 30 de mayo se publicó en el BOE la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio del 2023.

Este adelanto electoral ha tenido importantes consecuencias en el panorama legislativo nacional, ya que ha supuesto la interrupción de todos los trabajos parlamentarios en curso: (i) por un lado, todos los proyectos de ley que se encontraban en tramitación decayeron; y (ii) en segundo lugar, las normas cuya tramitación se esperaba que comenzase en breve y finalizase antes de diciembre de 2023 también quedaron paralizadas.

Entre las normas con impacto en materia regulatoria financiera cuya tramitación ha quedado truncada hasta, al menos, el cuarto trimestre de 2023, cabe destacar (i) el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela; (ii) el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes; o (iii) el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

El pasado 14 de junio la CNMV informó a los participantes del mercado, por medio de una nota de prensa, de los efectos de la entrada en vigor del artículo 63 de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (“LMVSI”), que transfiere a los organismos rectores de los mercados la responsabilidad de verificar los requisitos de admisión a cotización de valores no participativos, como renta fija, warrants y pagarés.

La CNMV confirmó, en un comunicado publicado el pasado 19 de junio, la adopción de las Directrices de EBA sobre procedimientos y metodologías comunes para el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) en virtud de la Directiva (UE) 2019/2034. Dichas Directrices persiguen concretar los procedimientos y metodologías de revisión y evaluación supervisora y de tratamiento de los riesgos de las empresas de servicios de inversión.

La CNMV publicó, el pasado 5 de junio, dos comunicados informando a los participantes del mercado de la adopción por parte de la Comisión de las Directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID II y de las Directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de remuneración de la MiFID II, e informando que tendrá ambas en cuenta a la hora de desarrollar sus actividades de supervisión.

La CNMV publicó el pasado 9 de mayo, dos artículos dirigidos a analizar el impacto del cambio climático en los fondos de inversión y en las empresas emisoras de valores españolas, respectivamente:

• El primero trata sobre la medición del riesgo de transición en fondos de inversión y plantea una metodología para medir el impacto de la transición ecológica en el valor de los activos de fondos de inversión.
• El segundo artículo realiza una estimación de la evolución en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en los emisores de valores españoles, complementándolo con un estudio del grado de alineación de sus objetivos de reducción de emisiones con los objetivos del Acuerdo de París.

El pasado 19 de junio la CNMV publicó su informe anual para el ejercicio 2022, en el que lleva a cabo un análisis pormenorizado de la evolución de los mercados y la situación de las empresas de servicios de inversión.

Tal y como anunciábamos en la última edición de nuestra Newsletter, tras la aprobación el pasado 20 de abril del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937 (“MiCA”) por el pleno del Parlamento Europeo, el pasado 18 de mayo ha sido el Consejo el encargado de dar su aprobación al texto definitivo de MiCA, que pasa a publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

MiCA será aplicable a partir del 30 de diciembre de 2024, a excepción de los regímenes de emisión de e-money tokens y asset-referenced tokens, que serán de aplicación desde el 30 de junio de 2024.

El pasado 28 de junio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas dirigidas a adaptar el marco legislativo de los servicios de pagos a la evolución que ha tenido lugar en el sector a razón del desarrollo de nuevas soluciones digitales cada vez más utilizadas y demandadas, como el “open-banking”. Estas propuestas se dirigen a permitir dichos desarrollos garantizando la protección de los consumidores, la seguridad en la transmisión de los datos y la competencia del sector financiero de la Unión.

En este sentido, la Comisión ha propuesto dos paquetes de medidas:

• la revisión y modernización de PSD2, que pasará a ser PSD3, y la elaboración de un Reglamento de Servicios de Pago (PSR); y
• una propuesta para el desarrollo de un marco normativo de acceso a datos financieros que establecerá derechos y obligaciones para la gestión del intercambio de datos de los clientes en el sector financiero más allá de las cuentas de pago.

El pasado 16 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea:

• el Reglamento Delegado (UE) 2023/944 de la Comisión, de 17 de enero de 2023, por el que se modifican y corrigen las Normas Técnicas de Regulación (RTS) establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/587 en lo que respecta a determinados requisitos de transparencia aplicables a las operaciones con instrumentos financieros consistentes en acciones y asimilados; y
• Reglamento Delegado (UE) 2023/945 de la Comisión, de 17 de enero de 2023, por el que se modifican las Normas Técnicas de Regulación (RTS) establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/583 en lo que respecta a determinados requisitos de transparencia aplicables a las operaciones con instrumentos distintos de acciones y de instrumentos asimilados.

Ambos Reglamentos Delegados son aplicables desde el pasado 5 de junio.

La Comisión Europea presentó el 28 de junio, dos propuestas sobre el Paquete del Euro Digital:

• Propuesta sobre el curso legal de efectivo en euros: busca garantizar la aceptación y acceso al efectivo en euros en toda la zona euro, protegiendo la libertad de elección de los ciudadanos y la inclusión financiera de los grupos vulnerables. Los Estados miembros deberán asegurar la aceptación generalizada del efectivo y garantizar un acceso suficiente al mismo.
• Propuesta legislativa de un marco jurídico para el euro digital: El BCE está considerando la introducción de un “euro digital” como complemento del efectivo para facilitar la adaptación del sistema financiero de la UE a la digitalización de la economía.

El pasado 23 de mayo el Parlamento Europeo emitió un comunicado informando del acuerdo alcanzado con el Consejo en relación al punto de acceso único europeo (European Single Access Point o “ESAP”). Las instituciones anuncian que ESMA establecerá y operará el ESAP en un plazo de 42 meses desde la entrada en vigor del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un punto de acceso único europeo que centraliza el acceso a la información accesible al público en materia de servicios financieros, mercados de capitales y sostenibilidad, actualmente en fase de propuesta.

El pasado 27 de junio el Consejo de la Unión Europea emitió un comunicado de prensa informando del acuerdo provisional alcanzado entre los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo sobre las modificaciones de la Directiva y del Reglamento sobre Requisitos de Capital a fin de fortalecer la situación financiera de las entidades de crédito de la Unión.

En relación al mismo destacamos que los negociadores han acordado: (i) limitar la variabilidad de los niveles de capital bancario calculados utilizando modelos internos; (ii) mejorar la evaluación de idoneidad de los miembros de los órganos de dirección de las instituciones y de los titulares de funciones clave; y (iii) establecer un marco armonizado para la evaluación de la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección de las entidades y de los titulares de funciones clave. Asimismo, se acordó un régimen transitorio para criptoactivos y una serie de requisitos aplicables a sucursales de entidades de crédito extranjeras.

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una nueva Directiva relativa a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia. Dicha propuesta de Directiva persigue simplificar y modernizar el marco legislativo aplicable a la comercialización a distancia de servicios financieros al mismo tiempo que extiende el ámbito de aplicación de la Directiva sobre derechos de los consumidores a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán ahora que adoptar formalmente dicho acuerdo político.

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron, el pasado 6 de junio, un acuerdo provisional relativo a la propuesta de normativa de la UE para acelerar y facilitar el acceso de las autoridades nacionales competentes a la información financiera, en aras de fortalecer el marco regulatorio para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (“AML/TF”) en la UE. El acuerdo deberá ser refrendado por los representantes de los Estados miembros antes de su adopción tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo.

El pasado 17 de mayo la Comisión Europea publicó un comunicado en el que informaba de la actualización de la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus políticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tal actualización pasa por incluir a Nigeria y Sudáfrica en dicha lista y retirar a Camboya y Marruecos.

El pasado 27 de junio, la Comisión, en representación de la Unión Europea, y el Gobierno del Reino Unido firmaron un Memorandum of Understanding sobre el establecimiento de un marco de colaboración y cooperación legislativa en el ámbito de los servicios financieros. Este marco se materializará, entre otras medidas, en la creación del Joint EU-UK Financial Regulatory Forum que se configura como una plataforma para facilitar la cooperación y el diálogo entre ambos territorios en materia de servicios financieros.

Publicadas el pasado 23 de mayo, estas Directrices pretenden arrojar luz sobre el proceso de evaluación por parte de las autoridades de las solicitudes de adquisición de participaciones cualificadas en entidades de crédito.

El pasado 11 de julio ESMA publicó un Informe Final en el que lleva a cabo una revisión de las normas técnicas sobre el régimen del pasaporte comunitario para los servicios de inversión elaboradas en virtud del artículo 34 de MiFID II. En el documento, ESMA propone (i) modificar las normas técnicas para ampliar la información que las empresas de servicios de inversión deberán aportar en la solicitud del pasaporte comunitario; y (ii) renovar el modelo de notificación de pasaporte en aras de proveer a las autoridades nacionales competentes de un mayor detalle sobre las actividades transfronterizas previstas por la empresa solicitante.

ESMA ha presentado el Informe Final a la Comisión Europea, que deberá decidir si continuar con la revisión.

ESMA actualizó el pasado 11 de julio el documento de preguntas y respuestas del Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) sobre la interpretación del concepto de asesoramiento bajo MiFID II, en aras de alinearlo con los nuevos modelos de negocio y desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos. Dicha actualización se ha llevado a cabo mediante la emisión de un Informe de Supervisión cuyo fin es guiar la actividad de las empresas de servicios de inversión, así como de las autoridades nacionales competentes en sus actividades de supervisión.

El Informe de Supervisión cubre, principalmente, los siguientes aspectos:

• la formulación de recomendaciones personales y qué otras formas de transmisión de información pueden constituir asesoramiento en materia de inversión;
• directrices sobre los casos en que deberá considerarse que las recomendaciones se basan en una apreciación de las circunstancias de una persona;
• aspectos relativos a la definición de recomendación personal; y
• cuestiones relativas al formato de las comunicaciones, incluido el uso de las redes sociales.

El pasado 24 de mayo ESMA publicó el Informe Final sobre las conclusiones de la Acción Común de Supervisión llevada a cabo en 2022, junto con las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la UE, relativa a las normas de valoración de activos bajo la Directiva 2009/65/CE (“UCITS”) y la Directiva 2011/61/UE (“AIFMD”).

Las ESAs lanzaron, el pasado 16 de junio, una consulta pública sobre el primer paquete normativo en el contexto de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (“DORA”). Dicho paquete incluye cuatro proyectos de Normas Técnicas de Regulación (RTS) y un conjunto de proyectos de Normas Técnicas de Ejecución (ITS) que persiguen armonizar el marco normativo aplicable a la gestión de riesgos de las TIC, la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC y la gestión de riesgos de las TIC frente a terceros. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre de 2023.

El pasado 13 de mayo ESMA publicó la actualización de sus Q&A relativos a la Directiva 2009/65/CE (“Directiva UCITS”) y la Directiva 2011/61/UE (“Directiva AIFMD”). De entre las novedades o aclaraciones introducidas destacamos las siguientes:

• Directiva UCITS: (a) los Estados miembros pueden autorizar a las sociedades gestoras a prestar servicios de gestión de carteras en virtud de un mandato discrecional e individualizado, siempre que tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos enumerados en el anexo I, sección C, de la derogada Directiva 2004/39/CE; (b) las IIC armonizadas que pretendan cancelar los acuerdos de comercialización de sus participaciones en un Estado miembro tendrán que cumplir con las obligaciones de notificación previstas en el artículo 93 bis.1 de la Directiva UCITS, incluso cuando no existan inversores en dicho Estado; y (c) las sociedades gestoras de IIC armonizadas no podrán apoyarse en el régimen de pasaporte para prestar exclusivamente servicios auxiliares, sino que deberán prestarlos en relación con la gestión de IICs armonizadas.
• Directiva AIFMD: a) solo entidades autorizadas como empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, sociedades gestoras de IIC armonizadas, sociedades gestoras de fondos de inversión alternativos (“FIA”) o aquellas que actúen como agentes vinculados de las anteriores podrán participar en la precomercialización por cuenta de una sociedad gestora de FIA de la Unión; b) salvo que la normativa nacional determine lo contrario, las sociedades gestoras de FIA del artículo 3.2 de la Directiva AIFMD no están sujetas a las condiciones aplicables a la precomercialización; y c) las sociedades gestoras de FIA no podrán apoyarse en el régimen de pasaporte para prestar exclusivamente servicios auxiliares, sino que deberán prestarlos en relación con la gestión de FIA.

El pasado 26 de mayo ESMA emitió un comunicado informando de la actualización de dos de sus documentos de preguntas y respuestas: (i) el Q&A sobre la Directiva 2011/61/UE (Directiva AIFMD); y (ii) el Q&A sobre el Reglamento (UE) 2020/1503 (Reglamento de Crowdfunding).

El pasado 11 de julio ESMA emitió una Opinión en relación con ciertas medidas de intervención de productos aplicadas por la CNMV, en particular: (i) restricciones a la comercialización y marketing de CFDs (contratos por diferencias); e (ii) introducción de obligaciones de margen inicial y de cierre en productos financieros de alto riesgo que puedan llevar al inversor a perder más de lo invertido. En la Opinión, ESMA considera que las medidas adoptadas están justificadas y son proporcionales a sus objetivos.

Adicionalmente, ESMA insta a las autoridades nacionales competentes de otros Estados Miembros a supervisar la comercialización, venta y distribución de CFDs y el impacto de otros productos de alto riesgo en sus mercados nacionales para evaluar si existen riesgos para los inversores minoristas similares a los identificados por la CNMV.

El pasado 1 de junio las ESAs publicaron un informe en el que analizan el fenómeno conocido como greenwashing en el sector financiero y, entre otras cosas, proponen una definición del mismo para homogeneizar la interpretación.

Dicho informe propone la siguiente definición: “práctica en la que las afirmaciones, declaraciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad no reflejan de forma clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, un producto financiero o servicio financiero. Dicha práctica, puede inducir a error a consumidores, inversores u otros participantes en el mercado”.

ESMA publicó, el pasado 25 de mayo, un comunicado relativo al incremento de la oferta por parte de empresas de servicios de inversión de productos y/o servicios que quedan fuera del ámbito de aplicación de la regulación de los servicios financieros en la Unión Europea y que se ofrecen a los inversores como alternativas a los instrumentos financieros (tales como criptoactivos, oro, bienes inmuebles o materias primas). En el mismo, ESMA advierte a las empresas de servicios de inversión que ofrezcan este tipo de servicios que deberán adoptar todas las medidas a que les sujeta la legislación aplicable a fin de asegurar que los inversores son conscientes del carácter no regulado de los servicios y, consecuentemente, de que no podrán beneficiarse de las protecciones que la regulación brinda a los productos regulados.

El pasado 26 de mayo ESMA creó el Registro de derivados sujetos a la obligación de compensación, en línea con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR). Se podrá acceder al mencionado registro a través del siguiente enlace.

El pasado 13 junio EBA publicó las Directrices finales sobre pruebas de la capacidad de resolución de las instituciones financieras, que están dirigidas a instituciones financieras y autoridades de resolución. Entre otras cuestiones, las Directrices establecen la obligación de que las instituciones financieras presenten bianualmente una autoevaluación sobre sus capacidades de resolución exponiendo cómo podrían llevar a cabo eficazmente sus planes de resolución.

EBA publicó, el pasado 21 de junio, su proyecto final de revisión de las Normas Técnicas de Ejecución (ITS) sobre divulgación de información de supervisión. Las mismas especifican el formato, estructura, contenidos y fecha de publicación anual de la información que deben publicar las autoridades competentes en relación con sus actividades de supervisión.

EBA publicó, el pasado 5 de junio, el borrador definitivo de Normas Técnicas de Ejecución (ITS) sobre la evaluación comparativa del riesgo de crédito, riesgo de mercado y de los modelos NIIF9 para el ejercicio 2024.

EBA publicó, el pasado 12 de mayo, un proyecto de norma técnica de regulación (“RTS”) relativo al alcance y los métodos de consolidación de los grupos de empresas de servicios de inversión de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este RTS es el último elemento normativo del EBA Roadmap sobre las empresas de servicios de inversión publicado en junio de 2020.

EBA actualizó, el pasado 12, de junio la lista de instituciones de importancia sistémica (“O-SIIs”) en la UE. Estas instituciones, junto con las de importancia sistémica a nivel global (“G-SIIs”), son identificadas por las autoridades con base en criterios armonizados. La lista se basa en datos a cierre del ejercicio 2022 e identifica 180 bancos como sistémicamente relevantes.

EBA publicó, el pasado 31 de mayo, una consulta para la modificación de sus Directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a fin de extender su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de criptoactivos (“CASPs”). Los interesados podrán realizar aportaciones hasta el próximo 31 de agosto de 2023.

El pasado 13 de junio la Comisión Europea propuso un nuevo paquete de medidas para reforzar las bases del marco normativo de finanzas sostenibles en la UE. Este paquete incluye los siguientes instrumentos:

• Un Reglamento Delegado de Taxonomía.
• Una propuesta de Reglamento de los proveedores de calificaciones ESG.
• Medidas e instrumentos dirigidos a facilitar el cumplimiento normativo.

La CNMV ha hecho públicos los resultados de la revisión de la primera fase de la implementación de la normativa ESG en las instituciones de inversión colectiva (“IIC”) por medio de un comunicado emitido el pasado 4 de mayo.

Dicha revisión se enmarca en el objetivo de monitorizar la implementación de la normativa ESG en los regímenes de transparencia y las políticas de inversión de las IIC. Esta primera fase de revisión se ha centrado en la adecuación de las prácticas de las gestoras de fondos de inversión en el caso de los fondos registrados con características sociales o ambientales, o con un objetivo de inversión sostenible, a fecha de marzo de 2022.

Destacamos a continuación las conclusiones más relevantes alcanzadas por la CNMV en relación con las IIC del artículo 8 y 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (“SFDR”):

• IIC del artículo 8 de SFDR: la CNMV señala que, a excepción del caso de los fondos temáticos, donde se aprecia una mayor precisión, las IIC del artículo 8 utilizan términos demasiado genéricos a la hora de exponer los criterios valorativos para la selección de sus inversiones y las características ESG que promueven. En este sentido, considera deseable una mayor concreción.
• IIC del artículo 9 de SFDR: la CNMV advierte que gran parte de estas IIC hacen referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) de la ONU como criterio genérico de selección de inversiones. Por ello, señala que sería deseable una mayor precisión que determinara los objetivos a alcanzar dentro de los propios ODS, valiéndose para ello de métricas y parámetros representativos.

El pasado 16 de junio la Comisión Europea emitió una comunicación a fin de aclarar la forma en que las entidades deben tener en cuenta los requisitos para el cumplimiento de las medidas mínimas de salvaguarda en virtud del artículo 18 del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía).

El pasado 5 de mayo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunció el lanzamiento de una audiencia pública sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, cuyo fin es transponer la Directiva CSRD. La participación en dicha audiencia pública estuvo abierta hasta el pasado 25 de mayo.

El pasado 27 de junio el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) publicó la cuarta edición de la revisión de la implementación de sus medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo sobre activos digitales y proveedores de servicios relacionados con activos digitales.

El GAFI actualizó, el pasado 23 de junio, su lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada. Dicha lista recoge las jurisdicciones en las que se han detectado deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y se han comprometido en colaborar activamente con el GAFI en aras de resolver rápidamente las mismas dentro de los plazos acordados. En esta revisión, el GAFI ha incluido a Croacia, Camerún y Vietnam.

Diversos representantes del sector financiero y asegurador europeo (AMICE, EACB, EAPB, EBF, EFAMA, ESBG, EUSIPA, Insurance Europe) se unieron, el pasado 6 de junio, para publicar una declaración conjunta sobre la estrategia de la UE en materia de inversión minorista (EU Retail Investment Strategy). En la misma, exponen ciertas preocupaciones acerca de la misma, pese a compartir los objetivos de la UE de promoción de la inversión minorista y digitalización del sector.

El pasado 31 de mayo el Banco Internacional de Pagos (“BIS”) publicó un informe en el que establece unos estándares para el tratamiento prudencial de los criptoactivos, tomando como base los resultados de las consultas públicas previamente realizadas por el BIS.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico (“JERS”) publicó, el pasado 25 de mayo, un informe en el que estudia las posibles implicaciones sistémicas de los mercados de criptoactivos, proponiendo, a su vez, medidas para abordar los riesgos derivados tanto de dichos instrumentos, como de las finanzas descentralizadas.

El pasado 23 de mayo el IOSCO publicó un informe sobre la materia, en el que incluye 18 recomendaciones dirigidas a los reguladores a fin de impulsar normas coherentes y fomentar el funcionamiento de los mercados mundiales. Tales recomendaciones se clasifican, principalmente, en las siguientes áreas: (i) conflictos de interés; (ii) manipulación del mercado; (iii) riesgos de actividad transfronteriza; (iv) custodia; (v) riesgo operativo; y (vi) distribución a minoristas.

El pasado 12 de mayo el IOSCO publicó un documento de buenas prácticas relativas a la aplicación de los principios del IOSCO para los fondos cotizados en bolsa (Good Practices Relating to the Implementation of the IOSCO Principles for Exchange Traded Funds).

El pasado 6 de junio la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (“AFME”) anunció la actualización del protocolo denominado Gobernanza de productos MiFID II (PG) y Reglamento PRIIP: Un enfoque para los mercados vinculados a acciones (“The MiFID II product governance (PG) and Packaged retail investment and insurance products Regulation (PRIIPs) regimes: An approach for the Equity-Linked markets”) a fin de incorporar en él los cambios en el régimen de gobernanza de productos de la UE que entraron en vigor el 22 de noviembre de 2022, reflejados en las modificaciones de la Directiva Delegada MiFID II (Directiva Delegada (UE) 2017/593) y las Directrices de ESMA sobre las obligaciones de gobernanza de productos de MiFID II.