En un procedimiento de inspección no es necesario que la Administración recabe una autorización judicial o el consentimiento del titular para precintar una caja de seguridad ubicada en una entidad bancaria
Retroacción de actuaciones en un procedimiento inspector. El desfase temporal existente entre la notificación de la resolución del tribunal económico-administrativo al contribuyente y a la Administración tributaria, a efectos del cómputo del plazo que prevé el artículo 150.7 de la LGT, debe considerarse una dilación enteramente imputable a la Administración
Las retribuciones percibidas por los administradores que estén contabilizadas y cuya onerosidad esté debidamente acreditada, son gasto deducible, aun cuando los estatutos sociales no prevean el cargo como retribuido
Resulta aplicable el principio de imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2015, incluso respecto de negocios celebrados durante la vigencia de la LGT de 1963
Un litigio civil sobre la herencia, que afecta a los elementos clave del tributo, suspende el proceso de recaudación iniciado por no pagar la autoliquidación, la cual fue presentada antes del inicio del procedimiento judicial
Existe responsabilidad patrimonial del Estado por las liquidaciones del IIVTNU afectadas por la STC 57/2019 si el sujeto pasivo demostró la inexistencia de aumento de valor del terreno
La transmisión de los derechos federativos de un jugador por un club no residente genera una ganancia patrimonial en territorio español sujeta al IRNR
La solicitud previa de informes en los procedimientos de comprobación de valores puede constituir el inicio del plazo de caducidad, aunque el inicio formal del procedimiento se notifique con posterioridad
Los gastos de patrocinio efectuados en apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, tenidos encuenta para el cálculo del límite previsto en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, son deducibles únicamente en la cuota íntegra del IS
El plazo para repercutir el IVA correspondiente a una operación en la que se había ocultado parte del precio (base imponible) que se regulariza espontáneamente es el de un año previsto en el artículo 88.Cuatro de la Ley del IVA, y no el de cuatro años previsto en el artículo 89. Uno de dicha Ley
La rectificación de oficio del domicilio fiscal del contribuyente por parte de la Administración tributaria debe ser debidamente probada y acreditada por esta al ser la propia Administración a quien le corresponde la carga probatoria. La ausencia de elementos probatorios suficientes implica la invalidez del acuerdo de rectificación
La notificación electrónica constituye un medio válido de comunicación y no un privilegio de la administración tributaria que esta pueda utilizar arbitrariamente
El TSJ de Baleares se pronuncia sobre la actividad económica de arrendamiento a efectos del IRPF atendiendo a la carga de trabajo del empleado contratado
La tasación económica de bienes inmuebles por parte de un agente inmobiliario no es idónea para determinar la suficiencia económica de las garantías aportadas sobre aquellos para garantizar el pago de una deuda tributaria
DGT
No se realiza actividad económica en el extranjero a efectos de considerar gasto deducible el impuesto soportado en el extranjero si no se dispone de personal o establecimientos fijos de negocio fuera de nuestro país