– Falta de validez del pacto alcanzado con un alto directivo para suprimir su derecho a la indemnización por desistimiento empresarial.
– La subrogación empresarial por sucesión de plantilla opera a nivel de centros de trabajo con independencia de que derive de una contrata de ámbito nacional.
– La constitucionalidad de la reforma laboral.
– Validez de las cartas de despido individuales con remisión al acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores y validez del aplazamiento de entrega de la indemnización a la fecha de efectos del despido en el marco de un despido colectivo.
– Vulneración de la libertad sindical por una empresa al negarse a reconocer a un nuevo delegado sindical que le es comunicado por los órganos representativos del sindicato alegando desconocimiento del cambio e irregularidades en el procedimiento de sustitución.
– Imposibilidad de declarar procedente un despido previamente declarado improcedente en la vía social tras haberse probado en vía penal que el trabajador había cometido los hechos por los que fue despedido.