La jornada tuvo lugar en la nueva sede madrileña de Pérez-Llorca, situada en el Paseo de la Castellana 50. Después de una breve presentación a cargo de José Pedro Pérez-Llorca, socio fundador de Pérez-Llorca, Clara Jiménez, socia del Departamento de Fiscal del despacho, y Victor Tarruella, CEO de Euro-Funding, introdujeron el debate.
Jiménez puso de manifiesto la importancia de “aflorar los problemas” en la aplicación de la deducción fiscal por Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (“I+D+i”), y “elaborar propuestas” para solucionarlos, destacando las importantes implicaciones positivas que debería tener el incremento de la seguridad jurídica en la aplicación de la deducción.
Tarruella por su parte destacó la importancia de la jornada, puesto que resulta necesario que la “Administración con «A» mayúscula hable directamente con la administración con «a» minúscula de las empresas, y así entrar en detalle del día a día”. Además, se comentaron brevemente las declaraciones del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de acuerdo con las cuales no se prevé que el Gobierno vaya a seguir la recomendación del Informe de la Comisión de Expertos para la reforma fiscal relativa a la eliminación de esta deducción.
La charla contó con la participación como ponentes de:
– Natalia Jaquotot Garre, Inspector Jefe Adjunto a la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
– Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial, Secretaría de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad (“MINECO”).
– Fernando Bonastre Capell, Director de Asuntos Fiscales de Repsol para España y la Unión Europea.
– Miguel del Pilar, Director de Asesoramiento Fiscal de Abengoa Solar.
– Antonio López Poza, Director de Asesoramiento Fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (“CECA”).
Natalia Jaquotot detalló las novedades introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Respecto a una de las “medidas estrella” de dicha reforma, la monetarización (cash-back) de la deducción, manifestó que “supone el cumplimiento de unos requisitos que en muchas ocasiones nos han criticado porque son excesivamente rígidos”, pero que “el coste presupuestario va a ser tan grande que esto tampoco podía ser una carta abierta para desmanes”. Respecto a la reforma del régimen de patent box, Jaquotot destacó como punto polémico la inclusión de la renta generada en casos de transferencias intragrupo en las eliminaciones derivadas de la consolidación fiscal.
Por su parte, Luis Cueto destacó la elaboración de los informes motivados por MINECO como un ejemplo único de colaboración público-privada de éxito. Asimismo, recordó que la Administración tributaria únicamente queda vinculada por la calificación de I+D o innovación tecnológica, pero no respecto a los importes de gasto. Por otro lado, criticó una línea jurisprudencial reciente que valora como prueba válida la aportación de informes periciales de parte frente al informe razonado del MINECO.
Adicionalmente, Cueto manifestó que la Dirección General de Tributos ha matizado que el informe motivado (requisito del cash-back) debe ser necesariamente ex post, no sirve el informe ex- ante. Por último, frente a las críticas respecto al plazo medio de emisión de informes (más de 2 años), manifestó que se han dotado más medios, y que su objetivo es reducirlo a 10 meses.
Fernando Bonastre destacó que pese a que la deducción es “muy potente” desde un punto de vista teórico, en la práctica su aplicación resulta muy conflictiva. En su opinión, debería primarse el principio de confianza legítima (doctrina de los actos propios de la Administración, con personalidad jurídica única), y debería otorgarse mayor peso a la prueba alternativa a los informes motivados no obligatorios.
A este respecto el Bonastre resaltó la necesidad de diferenciar entre gastos indirectos generales y los gastos inherentes y directamente relacionados con la actividad de I+D+i pero que afectan a diferentes proyectos (que sí deben formar parte de la base de la deducción de la pluralidad de proyectos afectados mediante unos criterios racionales de imputación). Este aspecto lo considera vital para no discriminar a las empresas con centros de I+D internos en España (versus aquellas empresas que externalizan la inversión en I+D).
Por su lado, Miguel del Pilar destacó que “España es la mejor jurisdicción del mundo en incentivos fiscales de I+D+i”, y que es importante puesto que esta circunstancia da competitividad a nivel internacional a las empresas españolas. No obstante, indicó también la necesidad de un marco regulatorio estable para poder acometer las importantes inversiones asociadas a la I+D+i. Por último, señaló que las empresas españolas hacen un “uso razonable” de los incentivos fiscales. Finalmente, Antonio López Poza resaltó en su ponencia de nuevo la necesidad de conseguir mayor seguridad jurídica, especialmente en relación con proyectos TIC en el sector financiero y el reciente cambio de criterio del MINECO al respecto (por el cual se han recalificado proyectos que antes eran I+D como innovación tecnológica).
La jornada finalizó con un interesante debate en el que la Administración escuchó atentamente los planteamientos de varias de los asistentes y dio respuesta a determinadas cuestiones planteadas por algunos de ellos, si bien hubo aspectos de clara disensión entre los representantes de entidades privadas con fuertes intereses (e inversiones) en I+D+i y algunos planteamientos de la Administración.