El encuentro, dedicado a analizar las principales novedades en materia de la jornada de trabajo, contó con la ponencia de Juan Pablo Parra Gutiérrez, Inspector de Trabajo y Seguridad Social adscrito a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. María José López Álvarez, Profesora Ordinaria de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE), y Luis Enrique Fernández Pallarés, Socio de Laboral, compensación y beneficios de Pérez-Llorca, participaron en esta ocasión como moderadores.
La jornada comenzó tratando el registro horario y cómo las organizaciones han incorporado paulatinamente los instrumentos necesarios para cumplir con el real Decreto-ley aprobado en 2019 que obliga a las empresas a registrar la hora de entrada y salida de sus profesionales. Parra Gutiérrez, desde su experiencia como Inspector de Trabajo, hizo hincapié en que en ocasiones se encuentran con una falta de mecanismos por parte de las empresas: “la información sobre el registro horario debe ser accesible para el inspector y en ocasiones nos encontramos con muchas barreras por la falta de implementación, principalmente entre las pymes”.
Asimismo, Parra Gutiérrez puntualizó que la regulación se aplica a todo el mercado, independientemente del tipo de empresa y de la prestación de servicios por parte de los trabajadores. En este punto, el ponente insistió en que “es complicado alcanzar un criterio técnico que resuelva las cuestiones particulares de los distintos sectores”, y reservó esta labor a los convenios colectivos.
Cómo confluyen teletrabajo y registro horario, impulsado a raíz de la pandemia, fue otro de los temas estrella de la jornada. Fernández Pallarés valoró algunas de las cuestiones más frecuentes relacionadas con el registro horario, como la verificación del tiempo de trabajo efectivo, la flexibilidad o las vías para monitorizar a los profesionales sin caer en la intromisión en la intimidad de las personas trabajadoras o el control excesivo por parte de la empresa. En este aspecto, Parra Gutiérrez matizó que, desde la perspectiva inspectora, las denuncias no se tramitan en función del grado de asistencia al centro de trabajo, sino de la condición de trabajo a analizar. En el caso del registro de jornada, “El quid de la cuestión radica en el tiempo de trabajo, no en el modelo laboral implementado por el empleador”. Por otro lado, la catedrática López Álvarez expuso la sentencia del Tribunal Supremo que determina que el tiempo destinado a ir al aseo o las pausas originadas en el teletrabajo por fallos de Internet o cortes de luz no pueden ser descontadas del tiempo de trabajo y obligar a recuperarlas.
Entre los temas de actualidad, los expertos desgranaron las claves de la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima legal a treinta y siete horas y media semanales sin reducción salarial, recientemente propuesta en el Acuerdo de Gobierno de Coalición. Para el ponente invitado, adaptarse a la realidad laboral actual no significa aplicar una medida en masa: “debemos pensar en mecanismos nuevos para que los agentes sociales lleguen a dar con la clave”. Por su parte, López Álvarez trajo a colación el proyecto piloto de la jornada de cuatro días a lo que, el socio de Pérez-Llorca añadió que esta medida trata de proponer una solución enfocada en el «qué» en lugar de en el «cómo» y debe abordar algunas cuestiones marco para evitar perjudicar la productividad de las empresas y, con ello, incentivar la economía sumergida o el incremento de horas extra ocasionadas por reducir la jornada.
Durante el coloquio, el ponente y los moderadores dieron respuesta a cuestiones planteadas por parte de los asistentes como el funcionamiento de las inspecciones de trabajo en determinados contextos, la aplicación del registro horario en contratas y ETTs o los efectos colaterales del contrato fijo discontinuo en el mercado laboral actual, entre otras.
