Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, indicó que, “garantizar la competitividad y bienestar social de nuestro país es un objetivo irrenunciable que no será posible cumplir si no asumimos el decidido compromiso con las infraestructuras que nuestro país necesita. En este momento, estamos a la cola de la UE y continuamos invirtiendo apenas el 40 % de la media de las 4 mayores economías europeas. España tiene un gran déficit de inversión en varias áreas de infraestructuras de importante calado social y debe alcanzar un pacto de estado, ajeno al ciclo electoral, que fije nuestras prioridades en infraestructuras y garantice su realización. Dicho pacto debe dar respuesta a la realidad con la que nos topamos: la financiación presupuestaria es insuficiente para acometer las infraestructuras necesarias por lo que deben plantearse fórmulas alternativas, principalmente a través de concesiones bien estructuradas”.
Laura Cózar, Directora de la firma de consultoría Accuracy, concluyó durante su ponencia que, “la combinación de una mayor racionalización de la planificación con un entorno macroeconómico más estable en España, debería propiciar en los próximos años el desarrollo de proyectos eficientes, económicamente atractivos y bancables, con participación de inversores nacionales e internacionales. Racionalización, en el sentido de impulsar de infraestructuras prioritarias en sectores aún deficitarios como el ciclo integral del agua y los residuos. Atractivos, en el sentido de proyectos bien estructurados, con buena previsibilidad y equilibrada asignación de riesgos de demanda y operación”.
Por su parte, Stéphane Buemi, Responsable de Transporte e Infraestructura de Fitch Ratings para EMEA, desgranó la visión de los acreedores y de la agencia de calificación en cuanto a los riesgos financieros, operacionales y regulatorios del mercado de infraestructuras español. Asimismo, realizó una comparativa entre los emisores y el entorno operativo español con respecto a otros mercados europeos como el francés o el italiano. Por último, apuntó que los ratings reflejan cómo la estructura de la deuda y el apalancamiento financiero ayudan a mitigar el riesgo operacional y regulatorio de los proyectos en España.
A continuación, Jon Chapman, Director en el departamento de Construcción y Energía en AON España, comentó la importancia de un buen entendimiento de los riesgos asociados a proyectos de infraestructuras y la gestión de los mismos mediante su transferencia al mercado asegurado y su asignación contractual. Asimismo, resaltó la importancia de elaborar un programa de seguros que se amolde de manera específica a cada proyecto, con el fin no sólo de proporcionar protección a la cuenta de resultados del proyecto sino también para conseguir el cierre financiero necesario para la viabilidad del mismo.
Finalmente, Elena Veleiro, Counsel del Departamento de Público, y José María de Paz, Socio de Corporate e Infraestructuras, ambos de Pérez-Llorca, comentaron los aspectos jurídicos más sensibles asociados a la inversión y gestión de infraestructuras como la delimitación del riesgo y ventura del concesionario, la regulación del equilibrio económico del contrato, el impacto de las mal llamadas “remunicipalizaciones” de servicios públicos y el status actual de la figura de la empresa mixta como herramienta para articular la gestión indirecta del servicio. Asimismo, comentaron algunos de los aspectos más relevantes que en relación con la inversión de infraestructuras contiene el último borrador de la Ley de Contratos de Sector Público.
La mesa redonda, celebrada en la sede madrileña de Pérez-Llorca y moderada por José María de Paz, Socio de Corporate e Infraestructuras de Pérez-Llorca, concluyó con un enriquecedor debate entre los ponentes y algunos de los asistentes que intercambiaron sus puntos de vista al respecto.