El área de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez-Llorca celebró una nueva sesión de ‘Pérez-Llorca Laboral al Día’ en la que se abordó la llegada del compliance al mercado laboral, en concreto, las nuevas obligaciones para las empresas tras la reforma del Código Penal y la aprobación del Proyecto de Ley de Whistleblowing. Esta jornada contó con la participación de Daniel Cifuentes, Isabel Moya y Laura Pérez, socios del área, Yolanda Valdeolivas, Of Counsel de esta práctica y Guillermo Meilán, abogado de Penal Económico e Investigaciones.
La sesión fue inaugurada por Daniel Cifuentes, quien realizó un análisis de las principales tendencias del sector jurídico laboral. Entre otros asuntos, el socio de Pérez-Llorca analizó cuestiones como la aprobación de la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros para enero de 2023, así como el control de las causas de los despidos colectivos por la Inspección de Trabajo. Asimismo, Cifuentes destacó el Anteproyecto de ley para la trasposición de la Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, y la Estrategia Nacional de Salud Mental 2022-2026 del Ministerio de Sanidad, que recoge la idea de que el lugar de trabajo se configure como un espacio idóneo para la promoción de una buena salud mental de los trabajadores.
A continuación, el socio comentó las sentencias más relevantes tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional relativas a diversas materias como la conciliación, la negociación colectiva, la prevención de riesgos, la privacidad, la retribución ordinaria, el teletrabajo y la representación sindical.
Como es habitual en estas sesiones, los ponentes expusieron el “Top 3” de las sentencias más importantes en materia laboral de los últimos meses. En primer lugar, destacaron la sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de enero de 2021 y la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de julio de 2022. En ambas se establece que un despido no tiene por qué ser declarado nulo por estar fundamentado en una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales.
Posteriormente, Daniel Cifuentes e Isabel Moya resaltaron la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022, contraria a la Directiva 2008/94/CE, que dictamina que la acumulación de funciones de administración y gestión como director no puede calificarse de relación de naturaleza laboral.
Por último, Cifuentes expuso la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de julio de 2022 que indica que existe despido colectivo en empresas que conforman un grupo laboral si el cómputo de extinciones de todas ellas supera los umbrales establecidos.
Por su parte, Yolanda Valdeolivas introdujo una serie de puntos a considerar en el día a día de la gestión empresarial. Como novedad legislativa, la Of Counsel mencionó la reforma del Código Penal y el Proyecto de Ley de Whistleblowing que traspone la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes. Sobre la reforma del Código Penal, Valdeolivas analizó la legislación complementaria que ha podido afectar a dicha modificación legislativa en ámbitos como la igualdad efectiva o la protección de víctimas en casos de violencia de género, entre otros.
Guillermo Meilán reflexionó sobre las potenciales implicaciones laborales y penales para las empresas a raíz de la citada reforma del Código Penal. Entre otras cuestiones, dicha norma amplía el catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas y pone en valor la necesidad de contar con protocolos de prevención del acoso adecuados para prevenir ese tipo de comportamientos. Asimismo, el abogado de Pérez-Llorca repasó las principales novedades del Proyecto de Ley de Whistleblowing, así como los efectos que la actual redacción del Proyecto podría producir en las empresas a nivel penal y laboral.
Para concluir la sesión, Laura Pérez y Guillermo Meilán destacaron que el Proyecto de Ley de Whistleblowing refuerza el concepto de garantía de la indemnidad, un mecanismo legal que protege a todo trabajador que realiza reclamaciones en defensa de sus derechos. Con este Proyecto de Ley se ha establecido un plazo de dos años para determinar el periodo de garantía de indemnidad con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad jurídica en el ámbito laboral.