El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, tiene como finalidad principal facilitar el saneamiento de empresas que siendo viables desde un punto de vista operativo se encuentran excesivamente endeudadas. El Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, destacó la trascendencia de este Real Decreto-ley y el avance que supone frente al régimen anterior. La experiencia de la aplicación de la Ley Concursal ha puesto de manifiesto que un elevado número de empresas ha tenido que ser liquidado, con los costes sociales para los intereses generales que ello implica. Este hecho se debe, al menos parcialmente, a las carencias que presenta el marco concursal y preconcursal español. El Real Decreto-ley 4/2014 pretende potenciar los instrumentos preconcursales para hacer posible la continuidad de las empresas viables con diferentes medidas entre las que destacan, por su novedad y relevancia, una completa transformación del marco legal de los acuerdos de refinanciación que, a partir de ahora, podrán incluir, entre otras, la capitalización de créditos.
El empleo del Real Decreto-ley para articular la reforma, con los límites constitucionales a los que este instrumento legislativo se encuentra sometido, explica que solo pudieran abordarse aquellos puntos concretos cuya modificación se consideraba urgente. Entre las cuestiones que ha suscitado esta reforma y que fueron señaladas por los ponentes, se pueden destacar, por ejemplo, el tratamiento de los créditos sindicados a efectos de determinación de las mayorías.
Miguel Temboury resaltó que la tramitación parlamentaria de la reforma como proyecto de ley permitirá aclarar aquellas cuestiones dudosas que pudiera plantear el Real Decreto-ley. Asimismo, confirmó la intención del Gobierno de aprovechar dicha tramitación parlamentaria para reformar la Ley Concursal y extender los planteamientos del Real Decreto-ley 4/2014 a los convenios, con el fin de promover la continuidad de las empresas mediante acuerdos que hagan posible la refinanciación y la reestructuración empresarial.