La primera ponencia corrió a cargo de Joaquín Huelin Martínez de Velasco, magistrado del Tribunal Supremo, que expuso los aspectos positivos de las reformas previstas en las nuevas normas. Destacó que se trata de leyes continuistas respecto de la anterior Ley 30/1992, y que, como esta última, se sitúa en la cúspide del sistema de garantías de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas. Huelin explicó los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la Administración pública, en concreto, los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo. Concluyó su intervención con una breve mención a los principios que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Tras esta exposición, intervinieron Aitor Cubo Contreras, subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y Vicente Estebaranz, socio de Pérez-Llorca. Ambos debatieron acerca de distintos aspectos prácticos y jurídicos de la Administración Electrónica, entre los cuales se incluyen el punto de acceso general, el registro electrónico de apoderamiento, el registro electrónico general y las notificaciones electrónicas.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda sobre procedimiento administrativo, moderada por José Ramón de Hoces, socio de Pérez-Llorca y en la que participaron los abogados del Despacho Alberto Ibort, Jorge Toral y María Luisa Muñoz.
Alberto Ibort comenzó exponiendo el régimen de notificaciones, en particular del impulso a la notificación por medios electrónicos, identificando las principales novedades, así como aquellas cuestiones que se han mantenido en la Ley 39/2015. Como conclusión general, apuntó que el legislador ha sido “generoso” respecto a las ventajas de la nueva regulación en la exposición de motivos de la Ley, pero a la vez exigente, como lo prueba la introducción de la “autoevaluación” como mecanismo de control de la Administración. Ibort, además, explicó las novedades introducidas en el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa, como mecanismos de control ex post de la Administración pública.
Por su parte, Jorge Toral comentó las novedades introducidas por la Ley 39/2015 en materia de iniciación del procedimiento, destacando en particular dos de ellas: el nuevo régimen de medidas provisionales, cuyo abanico se amplía por remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil (uno de los puntos de la reforma más criticados) y la iniciación del procedimiento mediante denuncia, con la introducción de la llamada “cláusula de clemencia”, importada de la regulación sectorial del Derecho de la Competencia y ahora aplicable a todo el procedimiento administrativo.
María Luisa Muñoz abordó las fases de ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Destacó la nueva regulación del expediente administrativo, así como la remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de criterios de admisión de prueba, así como el funcionamiento del procedimiento de tramitación simplificada.
La Jornada concluyó con la intervención de José Ramón de Hoces, que comentó las novedades respecto a los procedimientos especiales, como son el de responsabilidad patrimonial de la administración, el de la potestad sancionadora, el de revisión de actos administrativos y el procedimiento para el ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria por parte de la Administración.