Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Vinces, consultora estratégica especializada en asuntos públicos, presentaron el Centro Europeo de Regulación Digital, una iniciativa pionera destinada a generar conocimiento técnico-jurídico y promover la colaboración entre el sector privado, el ámbito académico y las autoridades públicas con el fin de abordar los desafíos regulatorios del sector digital y la creación de normativas efectivas y sostenibles.
El Centro Europeo para la Regulación Digital se enmarca en la Cátedra Europea para la Regulación Digital, la cual ha sido creada y está codirigida por Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid. Este espacio colaborativo con el ámbito universitario y académico tiene como propósito impulsar ciclos de diálogos sobre el futuro de la regulación digital y potenciar la interlocución con legisladores y reguladores ante los desafíos tecnológicos.
Constanza Vergara, Socia y COO de Pérez-Llorca, y David Ramos, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, inauguraron la sesión, que contó con una intervención de Mayte Ledo Turiel, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y una mesa redonda en la que participaron Miguel Escassi, Head of Government Affairs and Public Policy de Google Spain and Portugal; Juan Montero, Chief Public Policy, Competition & Regulatory Officer de Telefónica; Raúl Rubio, socio de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca; Sara Rodríguez, Head of Public Policy & Campaign de Airbnb Spain and Portugal; y que moderó Alfonso González de León, Socio y director del área Digital de Vinces.
Constanza Vergara y David Ramos abrieron la jornada explicando los objetivos por los que se ha constituido el Centro Europeo de la Regulación Digital, el cual tiene como finalidad desarrollar datos objetivos y métricas para aumentar la efectividad de la regulación digital, tratando de ayudar a reducir la incertidumbre jurídica y promover la calidad de las normas. Asimismo, quisieron destacar su importante rol en la articulación de principios constitucionales en la regulación digital y el impulso del papel de la sociedad civil empresarial. Un debate productivo requiere plantearse preguntas ambiciosas y complejas.
A continuación, Mayte Ledo Turiel, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, comenzó su intervención subrayando la relevancia de este tipo de iniciativas que trabajan por abordar los emergentes retos normativos de la regulación digital. “El impulso del debate sobre los límites de la tecnología es esencial. En este Centro, estoy segura que se fomentará la colaboración no solo entre tecnólogos y legisladores, sino también entre filósofos, sociólogos y la sociedad civil. Esta interacción multidisciplinaria es crucial para garantizar que la regulación tecnológica no solo sea robusta y efectiva, sino también éticamente sólida y socialmente responsable”, subrayó Ledo Turiel.
La sesión contó con una mesa de debate sobre los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos hoy en día en la era digital y el impacto de la regulación. El coloquio estuvo moderado por Alfonso González de León, Socio y director del área Digital de Vinces, quien resaltó el importante rol del Centro: “Las empresas deben participar activamente en las propuestas de regulación sobre los avances tecnológicos, explicando sus costes operativos y de competitividad, implicando a la ciudadanía en los debates y considerando los valores europeos. En este Centro que hoy presentamos queremos abordar estos temas para mejorar la regulación digital en beneficio de la sociedad”.
En esta línea, Raúl Rubio, socio de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca, reflexionó sobre el impacto socioeconómico de la fuerte presión regulatoria y expuso la necesidad de lograr una seguridad jurídica con una carga normativa estratégica y largoplacista. “La regulación tiene el potencial de convertirse en una brújula que nos guíe hacia la innovación sostenible y el desarrollo empresarial. Desde el plano jurídico no podemos anticipar todos los posibles escenarios adversos, pero sí es posible depositar más confianza en las empresas y empoderar al ciudadano con información y transparencia”.
Igualmente, Sara Rodríguez, Head of Public Policy & Campaign de Airbnb Spain and Portugal, analizó la fragmentación normativa y abogó por priorizar la generación de conocimiento frente a la híperregulación. “Durante los dos últimos años, Airbnb ha liderado conversaciones y reclamado un enfoque regulatorio a escala comunitaria para conseguir normas armonizadas que ayuden a aportar coherencia en toda la UE. La prioridad de Airbnb pasa ahora por expandir su colaboración con los gobiernos con el fin de brindar apoyo para encontrar soluciones equilibradas a las problemáticas locales», puntualizó Rodríguez.
Miguel Escassi, director de asuntos públicos e institucionales de Google en España, hizo énfasis en la necesidad de fomentar iniciativas como la creación de este Centro para alcanzar un consenso entre todos los agentes del sector digital en Europa. “La adopción de tecnologías IAG ha demostrado un potencial extraordinario con una velocidad de impacto transversal. Sin embargo, en los últimos meses hemos pasado de una posición de entusiasmo a un entorno de incertidumbre. Debemos analizar, regular y minimizar los riesgos de la IA, pero debemos poner el foco en las enormes oportunidades que la IA puede abrir para Europa, para reforzar su competitividad en el mundo, para sostener el modelo de vida europeo; hay que pasar de la regulación a la acción”, concluyó Escassi.
Por su parte, Juan Montero, Chief Public Policy, Competition & Regulatory Officer de Telefónica, señaló que la actividad del Centro llega en el momento idóneo para hacer frente a la crítica situación geopolítica. “Hoy, finalmente, todos somos conscientes que Europa se desliza de forma rápida y alarmante hacia la pérdida de relevancia digital en el contexto global, lo que supone un grave riesgo para la competitividad, seguridad y autonomía estratégica de la Unión Europea. Es responsabilidad de los policy makers y de las industrias europeas, en colaboración con las iniciativas académicas más rigurosas, revertir esta tendencia”, aseveró Montero.
El Centro colabora con el ámbito universitario y académico, a través de la Cátedra Europea para la Regulación Digital codirigida por Pérez-Llorca y la Universidad Carlos III de Madrid. El proyecto se suma a las Cátedras ya consolidadas del Despacho de Derecho Mercantil y de Derecho de la Competencia, organizadas junto a IE Law School e ICADE, respectivamente.