De acuerdo con la Exposición de Motivos del Anteproyecto, el texto nace con el fin de afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, actualmente pendiente de aprobación por las Cortes Generales, y que vendría a sustituir en su totalidad a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (la “LECrim.”), que data de 1882.
En esencia, las modificaciones que propone el Anteproyecto responden a la necesidad de: (i) establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas; (ii) el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea; (iii) la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos garantizados en el artículo 18 de la Constitución Española1; (iv) la previsión de un procedimiento de decomiso autónomo; (v) la instauración general de la segunda instancia en el procedimiento penal y (vi) la reforma del recurso extraordinario de revisión.