En el año 2017, tras la aprobación y entrada en vigor en España de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España, a raíz de varias quejas de particulares sobre la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por vulneraciones del Derecho de la Unión Europea.
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