El objetivo del Decreto-Ley es, según su propio tenor literal, proteger el tejido económico y aumentar la seguridad jurídica, paliando la onerosidad sobrevenida de las prestaciones contractuales causada a los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles destinados a actividades industriales y/o comerciales que se han visto afectados por las suspensiones y limitaciones adoptadas por las Administraciones Públicas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Para ello, el Decreto-Ley procura reestablecer el equilibrio contractual perdido, introduciendo medidas que pretenden ser distributivas entre ambas partes contractuales de las consecuencias negativas derivadas de las indicadas medidas administrativas, con el fin último de tratar de reducir, en la medida de lo posible, la litigiosidad de estos conflictos.
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