El 12 de marzo de 1996 fue firmada por el Presidente de los Estados Unidos la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley Libertad) de 1996, conocida como la Ley Helms-Burton. El Título III de la Ley Helms-Burton prevé que cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos –cuyas propiedades en Cuba hubieran sido expropiadas por el Gobierno Cubano– pueda interponer ante los tribunales de Estados Unidos acciones reclamando los daños y perjuicios derivados de la pérdida de dichas propiedades contra todos aquellos terceros que “trafiquen” (esto es, posean, controlen, obtengan beneficios, etc.) con dichas propiedades.
Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996, la aplicación de su Título III ha sido suspendida de manera recurrente por los distintos Gobiernos de los Estados Unidos cada seis meses. Sin embargo, el actual Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su intención de implementar de manera efectiva el Título III, y en este sentido:
En cualquier caso, es importante señalar que estas últimas suspensiones no aplican respecto a aquellas entidades incluidas en la List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba, conocida como la Cuban Restricted List , actualizada a 12 de marzo de 2019, que por lo tanto ya pueden ser demandadas ante los tribunales de Estados Unidos.
A continuación exponemos las vías jurídicas, tanto reactivas como ofensivas, ante los tribunales españoles con las que cuentan los inversores en Cuba frente a las decisiones que adopten los tribunales de Estados Unidos en aplicación de la Ley Helms-Burton.