El objetivo de la norma es el desarrollo y garantía de los derechos de las personas integradas genéricamente en el colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), erradicando respecto de aquellas cualesquiera situaciones de discriminación motivadas por su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales, asegurando que su diversidad familiar se exprese con plena libertad.
Su contenido está principalmente dirigido a los poderes públicos, con políticas que fomenten la igualdad y cohesión social en relación con ese colectivo, aunque también se introducen medidas con incidencia en el ámbito laboral, creando nuevas obligaciones y responsabilidades para las empresas en relación con el desarrollo de estas medidas de protección efectiva de la igualdad y no discriminación del citado colectivo, acompañado del correspondiente régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento.
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