El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 (la “Ley”). Su entrada en vigor se producirá el próximo 13 de marzo de 2023.
El objetivo primordial que persigue la Ley es proporcionar una protección adecuada a aquellas personas físicas que informen de determinadas infracciones cuando muestren “una conducta valiente de clara utilidad pública”, en palabras de la Exposición de Motivos del texto. Es la primera norma de ámbito nacional dedicada específicamente a esta cuestión y complementa y desarrolla otros textos de rango autonómico que ya han sido aprobados.
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