El Proyecto de Ley tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español el régimen de protección previsto en la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (la “Directiva sobre Crédito Hipotecario”) y, además, introduce una serie de previsiones cuya finalidad es potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y el equilibrio entre las partes en los contratos de préstamo o de crédito con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles de uso residencial.
El Proyecto de Ley va más allá de las indicaciones comunitarias y, mientras que la Directiva sobre Crédito Hipotecario se aplica únicamente a consumidores (es decir, personas físicas particulares), el Ministerio de Economía propone ampliar el ámbito subjetivo de aplicación a todas las aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales o profesionales, con el objetivo de extender la protección a otros colectivos como los trabajadores autónomos.