El bono social se configura como un descuento sobre la tarifa eléctrica que se aplica a un determinado colectivo de consumidores y, en particular, a consumidores vulnerables, como medida de protección y garantía de suministro. De acuerdo con la normativa actual, implementada en 2014, elcoste del bono social debe ser asumido por los grupos empresariales que ejercen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización en el sector eléctrico. Pues bien, el Tribunal Supremo, al igual que hiciera en el año 2012 respecto de la regulación anterior, acaba de declarar inaplicable el mecanismo de financiación del bono social por ser contrario al Derecho de la Unión Europea y, en concreto, por imponer obligaciones de servicio público a las empresas eléctricas que no son proporcionales y que no cumplen con los requisitos de claridad, transparencia, no discriminación y posibilidad de ser controlables.