El pasado viernes 16 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados publicó un dictamen surgido a raíz de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos constitucionales “en materia de reforma del Poder Judicial”. Si bien el título no es preciso, del contenido de la Iniciativa se desprende que no sólo nada más pretende incidir en la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, sino que también busca reformar a los Poderes Judiciales locales de todas las entidades de la república.
En la exposición de motivos del Dictamen y en el estudio de la Iniciativa, se citan varias razones para justificar la reforma constitucional. Principalmente, ambos documentos refieren a la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial, la corrupción existente como un tema no resuelto, los tiempos de resolución excesivos, las remuneraciones demasiado altas y la extralimitación en la que presuntamente ha incurrido el PJF, en particular la Suprema Corte al momento de estudiar e invalidar normas generales emanadas del proceso legislativo.
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