Balance y perspectivas en el sector eléctrico y gasista

La primera sesión, que tuvo lugar en la sede del bufete bajo el título “Principios Rectores del Procedimiento Administrativo Común y del régimen jurídico del Sector Público”, fue inaugurada por José Pedro Pérez-Llorca, Socio Fundador de Pérez-Llorca. Como ponentes, asistieron Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y David Mellado Ramírez, Abogado del Estado y Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tomás Ramón Fernández Rodríguez explicó a los asistentes los antecedentes de la nueva regulación, que proviene de las propuestas de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas incorporadas al llamado “Informe CORA”, destacando que nos encontramos ante dos leyes para cuya aplicación se requiere un análisis conjunto de las mismas, por tener el carácter de complementarias.

Adoptando una postura crítica con la reforma, el ponente destacó como novedades relevantes, entre otras, la incorporación de los medios electrónicos al procedimiento administrativo común, el mayor grado de detalle de la regulación de las medidas provisionales en el ámbito administrativo, la decisión de determinar que los sábados pasen a ser días inhábiles y la nueva regulación de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, que exige a las Administraciones Públicas llevar a cabo una labor de planificación normativa anual.

A continuación, Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, Socio de Pérez-Llorca y Abogado del Estado en excedencia, presentó al segundo ponente de la jornada, David Mellado Ramírez, que expuso a los asistentes los orígenes de la reforma, la razón de ser de la misma y repasó las virtudes de las principales modificaciones incorporadas a la regulación del Procedimiento Administrativo Común y del régimen jurídico del Sector Público.

Con respecto a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez explicó los motivos por los que la regulación de la Administración electrónica resultaba una necesidad para adaptarse a la realidad de nuestro tiempo, así como el impacto económico positivo que esta implica.

El ponente manifestó a los asistentes que gran parte de las modificaciones incorporadas por la nueva normativa provienen de un estudio profundo de aquellos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuya aplicación había resultado problemática.

Además, David Mellado destacó el acierto que suponen, entre otras, la medida de legalizar la regulación del procedimiento administrativo sancionador y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, así como la regulación del principio de colaboración con las Administraciones Públicas con la finalidad de salvaguardar del orden público.

En relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el ponente explicó las novedades incorporadas en materia de Sector Público, destacando el carácter básico de parte de su articulado, el esfuerzo de transparencia incorporado con el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, así como la agilización de los trámites encaminados a eliminar aquellos organismos públicos que no resultan necesarios o eficientes en su actividad.

Al término de las ponencias, Marina Serrano, Abogada del Estado en excedencia y Of Counsel de Derecho Público de Pérez-Llorca, moderó una mesa redonda sobre la nueva configuración de los principios rectores que rigen la actuación y el funcionamiento del Sector Público. En particular, se analizaron las implicaciones relevantes a nivel teórico y práctico de la nueva plasmación de los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia, publicidad y motivación.

Como participantes en la mesa redonda estuvieron Elena Veleiro, Abogada del Estado en excedencia y Counsel de Derecho Público de Pérez-Llorca, así como Beatriz García, Fernando Mingo, Charles Coyle y Natalia Olmos, abogados de Pérez-Llorca.

Tras la exposición de los intervinientes, se sucedió un animado debate entre los ponentes y algunos de los asistentes a la jornada, que contó con numerosos profesionales interesados en la materia.